Por Danny Ayala Hinojosa
La Asamblea Constituyente ha resuelto terminar con la tercerización e imponer más controles de salarios y regulaciones, el resultado solo podrá ser desempleo y el cierre de empresas.
Noticia en El Comercio:
La Asamblea echó abajo la tercerización
La Asamblea firmó anoche la partida de defunción de la tercerización, intermediación laboral y del trabajo por horas. A las 22:10, 95 asambleístas de la mayoría, más Holger Chávez, del PSP, votaron a favor del Mandato 8. En lugar de esos sistemas se reconoció la prestación de servicios complementarios, pero solo cuando se trate de actividades ajenas al negocio principal de las empresas usuarias. El trabajo por horas, en cambio, se llamará desde ahora de jornada parcial y no será mayor a cuatro horas diarias.
Todos los trabajadores que hayan sido despedidos de forma ilegal, desde el 1 de marzo del 2008, tienen que ser reincorporados de forma inmediata. Sino, los empresarios tendrán que pagar una multa de hasta USD 4 000, por cada trabajador despedido. El Ministerio de Trabajo será el encargado de investigar y fijar la multa para las empresas, previa recepción de una denuncia formal por parte de los trabajadores.
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El mandato reconoce la prestación de servicios. Las tercerizadoras e intermediadoras podrán seguir funcionando cuando solo se dediquen a prestar servicios que sean complementarios a los de la usuaria. Estas actividades solo pueden ser de mantenimiento, limpieza, vigilancia, mensajería, alimentación y seguridad.
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Todos los trabajadores percibirán anualmente utilidades de las empresas usuarias. La única excepción se establece cuando las prestadoras de servicios complementarios registren más ganancias que las empresas que las contrataron. En ese caso serán ellas las encargadas de pagar utilidades a los trabajadores conforme establece el Código de Trabajo vigente.
El Federalista: Las nuevas regulaciones laborales y el control de precios de salarios hará lo mismo que sucede cuando operan los controles de precios sobre la harina o el arroz: escasez, mercados negros, distorsión de precios. Además, estas nuevas normas erosionan el derecho a la libre contratación (un atentado a la libertad personal) pues imponen obligaciones y controles sobre personas, penalizan a estas personas por crímenes no cometidos y despojan a las personas de su propiedad, pues la empresa privada ya no existe más.
Si un gobierno dicta a quién, cómo y a con qué salario contratar; si se puede o no despedir y bajo qué condiciones; qué salarios, bonos y prestaciones deben pagarse y qué actividades constituyen el giro del negocio, en la práctica la empresa ya no es del fundador capitalista sino del Estado, el fundador es propietario sólo en el papel, de hecho es ahora sólo un concesionario sin derecho a fijar normas sobre su propiedad pero sujeto a toda clase de controles, pago de impuestos y penalizaciones. La Asamblea Constituyente ha eliminado la empresa privada.
Con la tercerización virtualmente eliminada, los empresarios serán obligados a reintegrar a los empleados directamente a no ser que presten servicios de seguridad, alimentación o mensajería. El costo de contratación es muy alto por lo que este reintegro será la bancarrota de algunas empresas, la pérdida de liquidez de otras y la pérdida de beneficios en casi todas las demás. Este nuevo gasto (prácticamente un nuevo impuesto y un segundo aumento salarial en este año) se lo buscará recuperar elevando el precio de los productos y servicios, cualquier nueva contratación de empleados contemplada estará indefinidamente suspendida, y por el contrario, se buscará la manera de reducir personal.
Con una nueva ola de desempleados en las calles, automáticamente el salario de usted, estimado lector, ahora vale menos, pues miles de desempleados buscarán su empleo así sea ganando la mitad. Son simples leyes de la oferta y la demanda: a un mayor número de desempleados, el salario real tiende a reducirse porque estos desempleados están dispuestos a ganar poco pero al menos tener algún ingreso. De modo que es previsible que los ingresos familiares promedio se reducirán durante los siguientes años, nadie sabe con certeza hasta que nivel.
Pero también las empresas de seguridad, servicios de alimentación y de mensajería tendrán que despedir personal debido a que la ley exige que se pague todo el laberinto de bonificaciones que protege a unos pocos, encarece la contratación y generan desempleo. Por cualquier lado en que se lo mire, este mandato generará una ola de desempleo que no podrá ser maquillada o negada como hasta ahora.
Las ramificaciones de lo actuado por la Asamblea Constituyente incluirán sin duda una reducción de la liquidez del sistema financiero haciendo más difícil la adquisición de un préstamo, ello debido a que las empresas tendrán menos recursos para ahorrar. El reajuste de los costos laborales hará que los precios de muchos productos sigan trepando y acelerándose más por doble efecto: algunos trabajadores tendrán más dinero pero habrá cada vez menos productos y a mayor costo, inflación por costos y por efecto monetario. La descapitalizació
n de las empresas fruto de las presiones salariales hará que exista menos atractivo para invertir en el país, fomentará el traslado de empresas a otros países y desincentivará la ampliación de industrias y adopción de nuevas maquinaras y procesos industriales eficientes y más limpios. Los efectos en la sociedad se harán sentir en el mediano plazo: aumento de la pobreza, la delincuencia y la migración. 
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